La transparencia de la cadena alimentaria ha sido una de las grandes ambiciones del sector agrario. Un gato peleón al que se le empezó a poner el cascabel en agosto de 2013, con la aprobación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, y que se terminó de atar en abril de 2014 con la publicación del Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). En menos de un año se han perfilado una serie de aspectos que pueden determinar el logro de este objetivo, lo que deberá mejorar de forma sustancial la posición de los agricultores y ganaderos, en el ámbito de sus relaciones comerciales.
Por un lado, se han puesto los medios para regularizar el uso de contratos en todos los escalones, lo que implica una fijación del precio y del periodo de pago en cada transacción. En este sentido, la figura del mediador, que no es un intermediario, deberá facilitar un mutuo acuerdo, razonable para las partes, en aquellos casos en que no haya trato previo. En la Europa del siglo XXI parece de Perogrullo, pero la realidad es que todavía está muy extendida la venta a resultas, donde se entrega mercancía sin saber cuánto ni cuándo se va a cobrar.
Se han establecido unas reglas de juego que imponen derechos, obligaciones y prohibiciones. En este sentido, otra importante herramienta es la capacidad de tramitar e investigar denuncias, así como la actuación de oficio en el caso de que se detecten malas prácticas que perjudiquen a alguno de los agentes, individuales o colectivos. Esto está facilitando la investigación sobre uso abusivo de productos reclamo, algo que ha sido denunciado de manera reiterada por el sector, en particular en casos como la leche o el aceite. En la actualidad se han tramitado 42 denuncias y se ha realizado 480 inspecciones y controles de oficio, un 68% en el sector de frutas y hortalizas y el resto distribuidas en proporciones iguales entre el sector lácteo, del aceite de oliva y del pollo. Todo ello ha conllevado más de 2.000 operaciones comerciales investigadas, todavía pendiente de hacerse públicos los datos sobre su distribución regional.
Este modelo no puede ser operativo si al final del proceso no existe un procedimiento sancionador. No se trata de aplicar un modelo coercitivo, sino de frenar las actividades y a los operadores que incumplan con la legalidad de las relaciones comerciales.
Hasta la fecha se ha trabajado en la puesta en marcha de las fórmulas de gestión, en la inspección, tramitación de denuncias y en acciones de transparencia en algunos sectores estratégicos ya mencionados. A lo largo de 2015 se deberán ver los resultados concretos fruto de esta actividad, que se tendrán traducir en las correspondientes sanciones.
En definitiva, información y control, partiendo del interés colectivo de todos los agentes, interesados en conseguir que las relaciones comerciales sean claras, transparentes y eficaces; aunque también hay que decir, que no todos ellos asumen este reto con la misma ilusión.
http://www.hoy.es/agro/201502/02/informacion-control-cadena-alimentaria-20150202001332-v.html