Coincidiendo en el tiempo con la ‘revolución’ que sacude al país en política municipal, el sector agrario también comienza a vivir su propio ‘cambio’ con el final de una PAC que va a dejar demasidos frentes abiertos para los próximos meses. Los constantes problemas en el sistema informático, las novedades que caracterizan la última reforma y la excesiva carga burocrátiac que ha marcado esta PAC va a ocasionar que haya un gran número de declaraciones provisionales, a las que se sumarán una previsible oleada de alegaciones, con el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos y los retrasos en la aprobación de los PDR a la cabeza, unido a las denuncias ante la justicia, que han retomado su vigencia después de que durante meses se prometiera que los perjucios a algunas provincias o comarcas (como es el caso de Teruel) se cambiaría a partir de 2016 y ahora hayan quedado en agua de borrajas al asegurar Isabel García Tejerina y el comisario europeo, Pihl Hogan, que no habrá más cambios.
Lo cierto es que la Solicitud Única de Ayudas Directas de la nueva Política Agraria Común (PAC), en su primer año de aplicación, ha motivado numerosos problemas por la enorme complejidad técnica y burocrática que lleva aparejadas.
900.000 explotaciones se juegan su futuro para percibir el 30% de sus rentas
Cesiones, derechos, arrendamientos, «greening», la definición de agricultor activo y la división de España en regiones agronómicas para el cálculo de las ayudas -que ya irán ligadas a las superficies y no a la producción como norma general- complica la situación.
Unas 900.000 explotaciones agrícolas y ganaderas recibirán 47.000 millones de euros hasta 2020 en subvenciones de la PAC, de las que 35.700 millones son ayudas directas -es decir, 5.000 millones anuales-, lo que aporta el 30% de la renta de estos profesionales.
En muchos casos, miles de agricultores y ganaderos tendrán que presentar declaraciones provisionales este año para salvar los plazos legales y «enmendarlas» después, porque puede que les falta información o saber cómo «encajan» sus casos en la nueva PAC.
El Gobierno tranquiliza, consciente de que la elevada complejidad técnica de la nueva PAC supone un reto mayúsculo para todos. Así, el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, aseguraba, en declaraciones a Efeagro, que siempre que hay novedades importantes, hasta que «se engrasa» todo pueden traer algunos problemas.
En todo caso, Haddad ha recordado que «aquí tendrán a todas las Administraciones al cien por cien para facilitarles la vida (a los agricultores y ganaderos) y solucionar cualquier problema que se pueda dar en la tramitación de estas ayudas» europeas. La nueva PAC ha puesto a prueba a Gobierno, comunidades autónomas, organizaciones profesionales agrarias y cooperativas, y supone una carga de trabajo adicional para quienes deben tramitarla.
Cooperativas: «Cuando no hay simplificación puede haber inseguridad jurídica»
El director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Eduardo Baamonde, ha afirmado a Efeagro que «cuando no hay simplificación, hay confusión; y, al final, puede haber inseguridad jurídica».
«No deseamos que esa mayor complejidad provoque sanciones -tanto a los agricultores que solicitan sus ayudas como para las propias cooperativas- cuando, como empresas, pidan sus ayudas del primer o segundo pilar de la PAC -fondos para inversiones o para los programas operativos de frutas, por ejemplo-«, ha añadido Baamonde.
Entre los problemas más destacados que ha traído la nueva PAC, junto a los fallos o deficiencias en los sistemas informáticos utilizados, desde Asaja señalan las dificultades de interpretación de los Reglamentos base y actos delegados.
También citan la introducción de un nuevo parámetro en el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos y los retrasos en la aprobación y publicación de los Programas de Desarrollo Regional (PDR) que afectan a las solicitudes PAC.
Las OPA no quieren que los fallos ajenos acaben repercutiendo en el sector
El máximo responsable de COAG, Miguel Blanco, ha pedido que los agricultores y ganaderos «no paguen» las consecuencias de la PAC, en alusión a las posibles sanciones por incumplimientos.
Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha asegurado que «la nueva PAC que ha entrado en vigor este año ha generado innumerables problemas a los perceptores de ayudas; la situación es especialmente grave para los ganaderos, que han encontrado cómo tierras de pasto tradicionales quedaban fuera de la PAC».
España, con una agricultura y ganadería muy heterogénea, tiene un enorme reto para aplicar bien la nueva PAC y evitar sanciones o que el sector pierda las ayudas por no ajustarse a los reglamentos, aunque todos los agricultores y ganaderos europeos comparten su preocupación y plantean la necesidad de que Bruselas sea, este año, flexible.
En una carta remitida este mes al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural (UE), Phil Hogan, el COPA-Cogeca alertaba de que este año estaba resultando muy difícil para los agricultores, ya que comienzan a aplicar y adaptarse a todo un conjunto de nuevas reglas.
Esperan que no haya multas ni sanciones tras acabar la tramitación
La creciente cantidad de información requerida hace que la solicitud de ayudas sea más compleja, más aún este año debido a período de tiempo extremadamente corto disponible para los beneficiarios, según el COPA-Cogeca. En el texto añade que, a pesar de la ampliación hasta el 15 de junio aplicada este año, en algunos Estados miembros «todavía hay problemas evidentes» para presentar las solicitudes en plazo.
El incumplimiento de la fecha límite de presentación de las solicitudes acarreará multas y sanciones en los 25 días siguientes a que expire la fecha límite y, en casos extremos, excluirá a algunos agricultores de la asignación de derechos en el futuro.
Sin embargo, el COPA-Cogeca resalta que «los agricultores no son responsables de la información tardía, incompleta y, a veces incompatible, que se les ha transmitido», por lo que reclaman ayuda.
Solicitan mayor flexibilidad y, especialmente, que la UE no aplique las multas y sanciones en los 25 días siguientes tras finalizar el plazo de presentación de la solicitud.
La justicia al final del camino en Teruel
Asimismo, tras aparcar sus reivindicaciones durante el periodo electoral, los agricultores turolenses esperan a la formación del nuevo Gobierno para volver a encarar sus protestas contra el reparto de ayudas de la PAC, que dejó a toda la provincia turolense con una peor clasificación a la hora de repartir fondos, sobre todo después de que esta semana la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, volviera a reiterar que “no se está planteando ninguna reforma de la PAC” a corto plazo.
La ministra hizo estas declaraciones en un encuentro donde acompañaba al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, el irlandés Philp Hogan. Una posición que para el sector agrario turolense ejemplifica, “la nula predisposición del Gobierno a corregir un reparto injusto que ha puesto en contra a toda la provincia”.
El origen de este problema, que llegó a generar algunas tensiones en el seno del sector en Aragón por las diferencias que había con Huesca y Zaragoza, arrancó a finales del año pasado cuando, mientras se cerraba el marco sobre el que se formularía la nueva Política Agraria Común, los agricultores turolenses se encontraron con que toda la provincia había sido clasificada en el estrato 3 -una medida que va en función de la productividad- que en la práctica se trasladaba en que, con el mismo cultivo, un productor de Teruel puede recibir entre 30 y 40 euros menos por hectárea que uno de Zaragoza o Valencia, ambas provincias limítrofes.